En un mitin junto a la presidenta de Andalucía días antes de las elecciones de diciembre de 2015, Felipe González expiaba a los votantes de su culpa por votar a Podemos: «No saben, los están engañando». Se refería a la naturaleza oscura del partido Podemos y sus vínculos con el partido PSUV de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro: «Entonces utilizaron el mismo eslogan y la misma tipografía, a partir de ahí se creó este partido político —decía, aludiendo a las conexiones entre ambos partidos—. Creen en la pseudorrevolución que ha arruinado al país más rico de América Latina». Semanas después, en enero, tras la irrupción de Podemos en el Parlamento, con 69 diputados, el periodista Jiménez Losantos, cargaba de nuevo: «Podemos no es un partido político, es una banda, un movimiento en el mejor de los sentidos. Es una banda financiada por Venezuela y por Irán desde antes de su constitución», y proseguía diciendo: «Veo a Errejón, a la Bescansa, veo a la Rita Maestre y me sale el monte, no el agro, el monte, si llevo la lupara disparo. Menos mal que no la llevo».
Meses después, y anunciada ya la nueva convocatoria de elecciones para el 26 de junio de 2016, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, alertaba sobre la irrupción de la «izquierda totalitaria» que, de llegar al Gobierno, llevaría a «un empobrecimiento máximo de la sociedad y un recorte brutal de las libertades». Unos días después García-Margallo matizaba: «Podemos no es un peligro para la democracia, pero sí para España». Villar Mir, a pocos días de celebrarse las elecciones, daba su opinión como empresario del IBEX: «Lo que pide Podemos con expresiones marxistas-leninistas y de apoyo bolivariano no cabe en España». Explicaba su condición minoritaria, ya que «existirá siempre un pequeño porcentaje de marxistas que no cree en el mercado ni en la propiedad privada, y a veces siquiera en Dios». Finalmente, sentenciaba: «Podemos no cabe en un Gobierno, sería un desastre para la economía española».
Múltiples voces se alzaban para definir el carácter pecaminoso del grupo político, apuntando particularmente a sus líderes. El miedo y los pecados eran depositados en este partido: la «casta» se asociaba a Podemos. Algo que queda patente en el discurso de Felipe González, quien en el mitin de diciembre, se defendía de ser incluido dentro de la minoría del IBEX (fue consejero de Gas Natural), incluyendo a Podemos en otro grupo de minoría privilegiada culpable: «Cuando hablan de incompatibilidades sugiero que la primera incompatibilidad que haya para representar a nuestros ciudadanos sea asesorar a un Gobierno extranjero cobrando».
Las dos voces se acusaban de ser culpables y pecaminosos, pero ninguna era capaz de aterrizar los supuestos que los diferenciaban, y España terminaba debatiéndose entre el recelo hacia Podemos y el recelo hacia una minoría tradicionalmente privilegiada. Se apuntalaba así el discurso por el cual su condición de «minoría representante» les hacía equivalentes al resto de partidos, incluida la llamada «casta». Todo apuntaba a que los pecados de aquellos serían depositados en un carnero llamado Podemos, que sería sacrificado. Mientras tanto, el carnero IBEX, expiadas las culpas de la minoría dominante que lo controla, sería liberado. Sus pecados durante años de crisis económica habían sido borrados, y sus huellas también. Huellas que apuntaban a que esa minoría era más que un grupo reducido de personas, eran una minoría dominante. Y es que, sin querer exculpar a Podemos de sus defectos con este ejemplo (que pueden dar para un libro), hay múltiples datos que señalan el trasfondo dominante y minoritario del IBEX. Y, más allá, que esta condición dominante ha ido acrecentándose con la crisis económica, frente a un descenso de los recursos de un conjunto amplio de la población. Su culpa, no obstante, se iba disolviendo poco a poco.
En un informe de Intermón Oxfam publicado en enero de 2016, señalaban que «España es el país en el que más ha avanzado la desigualdad durante la crisis». En este informe apuntaban que «la distancia entre ricos y pobres ha crecido y en 2015 el 1 % de la población concentró tanta riqueza como el 80 % de los más desfavorecidos. La fortuna de solo veinte personas en España alcanza un total de 115.100 millones de euros». Más adelante, el informe ponía el acento en un grupo privilegiado: «No se ha conseguido remediar que 17 de las 35 empresas del IBEX 35 no paguen el impuesto de sociedades en España ni que la inversión hacia la Unión Europea cayera un 15 % en 2015 y la inversión en paraísos fiscales creciera un 2000 %». El análisis no dejaba esta situación como caso aislado: «Las 62 personas más ricas del planeta tienen tanta riqueza como la mitad de la población de escasos recursos, unos 3.600 millones de personas». Lo que le faltaba decir al análisis es que, de las 10 mayores fortunas españolas, 8 son propietarias de empresas que cotizan en bolsa, y 5 lo son de empresas del IBEX 35. Y que esas diez personas más ricas prácticamente han doblado su fortuna en los años de la crisis, de 54.008 millones en 2008 a 100.405 millones (dólares),208 lo que representa actualmente un 10 % del PIB de España.
Lo que en definitiva señalan los datos es que detrás de la crisis económica se encuentra el incremento de poder de dos grupos: grandes empresas y fortunas. Dos caras que no siempre se asocian y que apuntan a un mismo fenómeno: la concentración incesante de la riqueza en pocas manos. En España, esta concentración tiene un nombre por derecho propio: el IBEX 35, que representa el 50 % de la economía, y en cuyas moradas habitan las 5 mayores fortunas de España, que concentran el 8,5 % del PIB español (85.000 millones). Si corremos el velo técnico, de las amenazas de sus bajadas y subidas del índice, puede observarse que es algo más que un indicador: detrás de las 35 empresas hay 142 accionistas significativos (más de un 1 %) y 417 consejeros. Y, de estos últimos, 93 han tenido un alto cargo en el Estado. Ahora, suponiendo que cada accionista, como empresa independiente, lo representa un consejero delegado, tenemos en total 559 referentes del IBEX. Un número que no parece muy elevado si se tiene en cuenta que controlan empresas por valor del 50 % del PIB español. Pero ¿qué función tienen estas 559 personas que tienen voz y voto sobre este mastodonte económico?
Si tomamos en primer lugar a los 142 accionistas significativos, su objetivo es lograr la máxima rentabilidad de las empresas que cotizan en el índice. Según destaca un folleto de la empresa propietaria del IBEX (BME), «la remuneración al accionista se mantiene como seña de identidad de la Bolsa española que destaca en el ámbito mundial con una rentabilidad por dividendo del 5,2 % al cierre de 2015 de acuerdo con datos de MSCI (Morgan Stanley Capital International)». Según el estudio de Pablo Fernández y Alberto Ortiz,209 la rentabilidad media desde su fundación hasta 2014 ha sido del 10 %. Los picos más bajos fueron 2008 (-37 %) y 2010 (-13 %). No así el año de rescate financiero a España, en 2012, que se incrementó al 3 %. Luego, desde esta perspectiva, el IBEX sería un lugar donde diversos tipos de accionistas participan para lograr maximizar la ganancia. Y no solo eso, sino también lograr influir. Pues entre los accionistas podemos diferenciar varios tipos: unos con un número reducido de acciones y otros con participaciones significativas en el capital. Los primeros son los millones de españoles que buscan ensanchar sus ahorros. Los últimos, aquellos con una cantidad de acciones suficiente para tener voz y voto en el consejo de administración. Entre estos últimos podemos encontrar un largo elenco de actores: bancos, empresas, familias, fondos de inversión, cajas de ahorros, fondos de pensiones, Gobiernos, etc. De ellos, tres han dominado el conjunto del IBEX a lo largo de su historia: el Estado (1991-1996), bancos y cajas de ahorros (1996-2000), cajas de ahorros (2000-2011) y fondos de inversión (2012-). El cambio de unos a otros dueños pudiera parecer baladí, pero supone diferentes formas de entender las empresas en las que participan, no debido a diferencias culturales o sociales, sino a la propia naturaleza jurídica del accionista. No es lo mismo el Estado como accionista, que puede respaldar las pérdidas de la empresa con inyecciones de capital, compras de mayores paquetes de acciones, o sinergias con otras empresas del Estado, que una caja de ahorros, que no responde ante unos ciudadanos, sino ante una asamblea, y ante una obra social que se alimenta de sus beneficios, pero no a un accionista al que satisfacer; o unos bancos, cuya finalidad es conseguir el máximo dividendo o rentabilidad con un conjunto de participaciones para beneficio de sus propios accionistas, para lo cual no dudará en intervenir en el consejo; o, finalmente los fondos de inversión, vehículos financieros que gestionan el patrimonio de terceros, y cuya finalidad es la rentabilidad, independientemente del sector del negocio, y de la gestión, es decir, no se responsabilizan del futuro de la empresa, sí de la rentabilidad que produce para el accionista. Según este punto, el IBEX está compuesto por un conjunto de accionistas cuya naturaleza jurídica y cuyos objetivos de rentabilidad determinan el sentido del IBEX: si participa el Estado como accionista, los beneficios de sus participaciones pueden derivar a los ciudadanos, y por tanto el IBEX tiene vocación redistributiva del beneficio; las cajas de ahorros, al no tener accionistas, derivan sus beneficios a su obra social, dando una vocación patrimonial redistributiva; los bancos lo derivan principalmente a sus accionistas por medio de dividendos, y por tanto dan un sentido privado a los beneficios del IBEX, pero manteniendo la autonomía de la empresa a medio plazo; en el caso de los fondos de inversión, estos han de satisfacer a sus inversores, independientemente de los riesgos que tome la empresa y su deriva a medio plazo, pues su permanencia depende de la rentabilidad a corto plazo. Pero lo que une a todos estos casos, es que el IBEX 35 funciona como centro de extracción de excedente o beneficios para un conjunto social determinado que lo controla.
En segundo lugar, tenemos a los consejeros, los miembros del órgano de gobierno corporativo de estas empresas. Su objetivo es gestionar el rumbo de dichas empresas, y lograr maximizar sus beneficios. Los nombres de muchos de los consejeros recuerdan al pasado: Urquijo, Alba, Espinosa de los Monteros, Botín Sanz de Sautuola, Benjumea, Echavarría, Daurella, Molins, Domenecq, Del Pino, Calvo-Sotelo, March, Entrecanales, Lladó. Todos ellos apellidos que han cubierto las páginas de revistas de la alta sociedad a lo largo de todo el siglo XX. Son sagas de apellidos de familias de la alta burguesía de inicios de siglo, que perviven en las faldas del IBEX. Muchos de ellos ya no son accionistas o propietarios de empresas, otros sí. Pero todos conviven codo con codo en los consejos de administración de las empresas, muchos de ellos en varios consejos. Con ello, consiguen que el IBEX sea un bloque social más o menos homogéneo, es decir, funciona como un club social restringido. Les une el buen apellido y el nivel económico que pueden llevar, no apto para cualquiera, pues en 2014 la remuneración media de un consejero era de 318.000 euros. Si estos son consejeros ejecutivos, es decir, si cumplen una tarea de alta dirección, la remuneración media subía a 1,3 millones. Baja comparada con la recibida por los presidentes del IBEX, que alcanzaron una retribución media de 3,36 millones de euros. En consecuencia, en el IBEX conviven personas con unos ingresos similares, un apellido de larga historia, unos contactos similares, ya que coinciden unos con otros; y finalmente, un lugar privilegiado para decidir sobre el futuro de empresas que solo con su estornudo pueden tumbar la economía. Según esta acepción, el IBEX sirve de lugar de socialización, de construcción de comunidad de una clase social y económicamente poderosa.
En tercer lugar, en los consejos de administración del IBEX 35 habitan una especie de consejeros muy particulares que hacen de estas empresas un grupo singular. Son nombrados genéricamente como «políticos», y tienen en común el haber sido monjes antes que frailes, es decir, altos cargos del Estado antes que empresarios; y, en muchos casos, responsables políticos de áreas relacionadas con la empresa de destino. Estos «políticos» son a su vez una especie dividida en diversas «subespecies»: los cargos de partido, los directivos de la administración, los cuerpos del Estado, los cargos locales y autonómicos, o aquellos vinculados a Gobiernos extranjeros. No es baladí su diferenciación, pues de ello depende su forma de actuar y el tipo de «know how» (saber hacer) que proporcionan a la empresa. No es lo mismo un alto cuerpo del Estado, que ha llegado al Estado por oposición, y cuya fidelidad a la administración es una mera cuestión de pertenencia al Cuerpo,
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