En un mitin junto a la presidenta de Andalucía días antes de
las elecciones de diciembre de 2015, Felipe González expiaba a los votantes de
su culpa por votar a Podemos: «No saben, los están engañando». Se refería a la
naturaleza oscura del partido Podemos y sus vínculos con el partido PSUV de
Venezuela, liderado por Nicolás Maduro: «Entonces utilizaron el mismo eslogan y
la misma tipografía, a partir de ahí se creó este partido político —decía,
aludiendo a las conexiones entre ambos partidos—. Creen en la pseudorrevolución
que ha arruinado al país más rico de América Latina». Semanas después, en
enero, tras la irrupción de Podemos en el Parlamento, con 69 diputados, el
periodista Jiménez Losantos, cargaba de nuevo: «Podemos no es un partido
político, es una banda, un movimiento en el mejor de los sentidos. Es una banda
financiada por Venezuela y por Irán desde antes de su constitución», y
proseguía diciendo: «Veo a Errejón, a la Bescansa, veo a la Rita Maestre y me
sale el monte, no el agro, el monte, si llevo la lupara disparo. Menos mal que
no la llevo».
Meses después, y anunciada ya la nueva convocatoria de
elecciones para el 26 de junio de 2016, el director general de la Policía,
Ignacio Cosidó, alertaba sobre la irrupción de la «izquierda totalitaria» que,
de llegar al Gobierno, llevaría a «un empobrecimiento máximo de la sociedad y
un recorte brutal de las libertades». Unos días después García-Margallo
matizaba: «Podemos no es un peligro para la democracia, pero sí para España».
Villar Mir, a pocos días de celebrarse las elecciones, daba su opinión como
empresario del IBEX: «Lo que pide Podemos con expresiones marxistas-leninistas
y de apoyo bolivariano no cabe en España». Explicaba su condición minoritaria,
ya que «existirá siempre un pequeño porcentaje de marxistas que no cree en el
mercado ni en la propiedad privada, y a veces siquiera en Dios». Finalmente,
sentenciaba: «Podemos no cabe en un Gobierno, sería un desastre para la
economía española».
Múltiples voces se alzaban para definir el carácter
pecaminoso del grupo político, apuntando particularmente a sus líderes. El
miedo y los pecados eran depositados en este partido: la «casta» se asociaba a
Podemos. Algo que queda patente en el discurso de Felipe González, quien en el
mitin de diciembre, se defendía de ser incluido dentro de la minoría del IBEX
(fue consejero de Gas Natural), incluyendo a Podemos en otro grupo de minoría
privilegiada culpable: «Cuando hablan de incompatibilidades sugiero que la
primera incompatibilidad que haya para representar a nuestros ciudadanos sea
asesorar a un Gobierno extranjero cobrando».
Las dos voces se acusaban de ser culpables y pecaminosos,
pero ninguna era capaz de aterrizar los supuestos que los diferenciaban, y
España terminaba debatiéndose entre el recelo hacia Podemos y el recelo hacia
una minoría tradicionalmente privilegiada. Se apuntalaba así el discurso por el
cual su condición de «minoría representante» les hacía equivalentes al resto de
partidos, incluida la llamada «casta». Todo apuntaba a que los pecados de
aquellos serían depositados en un carnero llamado Podemos, que sería
sacrificado. Mientras tanto, el carnero IBEX, expiadas las culpas de la minoría
dominante que lo controla, sería liberado. Sus pecados durante años de crisis
económica habían sido borrados, y sus huellas también. Huellas que apuntaban a
que esa minoría era más que un grupo reducido de personas, eran una minoría
dominante. Y es que, sin querer exculpar a Podemos de sus defectos con este
ejemplo (que pueden dar para un libro), hay múltiples datos que señalan el
trasfondo dominante y minoritario del IBEX. Y, más allá, que esta condición
dominante ha ido acrecentándose con la crisis económica, frente a un descenso
de los recursos de un conjunto amplio de la población. Su culpa, no obstante,
se iba disolviendo poco a poco.
En un informe de Intermón Oxfam publicado en enero de 2016,
señalaban que «España es el país en el que más ha avanzado la desigualdad
durante la crisis». En este informe apuntaban que «la distancia entre ricos y
pobres ha crecido y en 2015 el 1 % de la población concentró tanta riqueza como
el 80 % de los más desfavorecidos. La fortuna de solo veinte personas en España
alcanza un total de 115.100 millones de euros». Más adelante, el informe ponía
el acento en un grupo privilegiado: «No se ha conseguido remediar que 17 de las
35 empresas del IBEX 35 no paguen el impuesto de sociedades en España ni que la
inversión hacia la Unión Europea cayera un 15 % en 2015 y la inversión en
paraísos fiscales creciera un 2000 %». El análisis no dejaba esta situación
como caso aislado: «Las 62 personas más ricas del planeta tienen tanta riqueza
como la mitad de la población de escasos recursos, unos 3.600 millones de
personas». Lo que le faltaba decir al análisis es que, de las 10 mayores
fortunas españolas, 8 son propietarias de empresas que cotizan en bolsa, y 5 lo
son de empresas del IBEX 35. Y que esas diez personas más ricas prácticamente
han doblado su fortuna en los años de la crisis, de 54.008 millones en 2008 a
100.405 millones (dólares),208 lo que representa actualmente un 10 % del PIB de
España.
Lo que en definitiva señalan los datos es que detrás de la
crisis económica se encuentra el incremento de poder de dos grupos: grandes
empresas y fortunas. Dos caras que no siempre se asocian y que apuntan a un
mismo fenómeno: la concentración incesante de la riqueza en pocas manos. En
España, esta concentración tiene un nombre por derecho propio: el IBEX 35, que
representa el 50 % de la economía, y en cuyas moradas habitan las 5 mayores
fortunas de España, que concentran el 8,5 % del PIB español (85.000 millones).
Si corremos el velo técnico, de las amenazas de sus bajadas y subidas del
índice, puede observarse que es algo más que un indicador: detrás de las 35
empresas hay 142 accionistas significativos (más de un 1 %) y 417 consejeros.
Y, de estos últimos, 93 han tenido un alto cargo en el Estado. Ahora,
suponiendo que cada accionista, como empresa independiente, lo representa un
consejero delegado, tenemos en total 559 referentes del IBEX. Un número que no
parece muy elevado si se tiene en cuenta que controlan empresas por valor del
50 % del PIB español. Pero ¿qué función tienen estas 559 personas que tienen
voz y voto sobre este mastodonte económico?
Si tomamos en primer lugar a los 142 accionistas
significativos, su objetivo es lograr la máxima rentabilidad de las empresas
que cotizan en el índice. Según destaca un folleto de la empresa propietaria
del IBEX (BME), «la remuneración al accionista se mantiene como seña de
identidad de la Bolsa española que destaca en el ámbito mundial con una
rentabilidad por dividendo del 5,2 % al cierre de 2015 de acuerdo con datos de
MSCI (Morgan Stanley Capital International)». Según el estudio de Pablo
Fernández y Alberto Ortiz,209 la rentabilidad media desde su fundación hasta
2014 ha sido del 10 %. Los picos más bajos fueron 2008 (-37 %) y 2010 (-13 %).
No así el año de rescate financiero a España, en 2012, que se incrementó al 3
%. Luego, desde esta perspectiva, el IBEX sería un lugar donde diversos tipos
de accionistas participan para lograr maximizar la ganancia. Y no solo eso,
sino también lograr influir. Pues entre los accionistas podemos diferenciar
varios tipos: unos con un número reducido de acciones y otros con
participaciones significativas en el capital. Los primeros son los millones de
españoles que buscan ensanchar sus ahorros. Los últimos, aquellos con una
cantidad de acciones suficiente para tener voz y voto en el consejo de
administración. Entre estos últimos podemos encontrar un largo elenco de
actores: bancos, empresas, familias, fondos de inversión, cajas de ahorros,
fondos de pensiones, Gobiernos, etc. De ellos, tres han dominado el conjunto
del IBEX a lo largo de su historia: el Estado (1991-1996), bancos y cajas de
ahorros (1996-2000), cajas de ahorros (2000-2011) y fondos de inversión
(2012-). El cambio de unos a otros dueños pudiera parecer baladí, pero supone
diferentes formas de entender las empresas en las que participan, no debido a
diferencias culturales o sociales, sino a la propia naturaleza jurídica del
accionista. No es lo mismo el Estado como accionista, que puede respaldar las
pérdidas de la empresa con inyecciones de capital, compras de mayores paquetes
de acciones, o sinergias con otras empresas del Estado, que una caja de
ahorros, que no responde ante unos ciudadanos, sino ante una asamblea, y ante
una obra social que se alimenta de sus beneficios, pero no a un accionista al
que satisfacer; o unos bancos, cuya finalidad es conseguir el máximo dividendo
o rentabilidad con un conjunto de participaciones para beneficio de sus propios
accionistas, para lo cual no dudará en intervenir en el consejo; o, finalmente
los fondos de inversión, vehículos financieros que gestionan el patrimonio de terceros,
y cuya finalidad es la rentabilidad, independientemente del sector del negocio,
y de la gestión, es decir, no se responsabilizan del futuro de la empresa, sí
de la rentabilidad que produce para el accionista. Según este punto, el IBEX
está compuesto por un conjunto de accionistas cuya naturaleza jurídica y cuyos
objetivos de rentabilidad determinan el sentido del IBEX: si participa el
Estado como accionista, los beneficios de sus participaciones pueden derivar a
los ciudadanos, y por tanto el IBEX tiene vocación redistributiva del
beneficio; las cajas de ahorros, al no tener accionistas, derivan sus
beneficios a su obra social, dando una vocación patrimonial redistributiva; los
bancos lo derivan principalmente a sus accionistas por medio de dividendos, y
por tanto dan un sentido privado a los beneficios del IBEX, pero manteniendo la
autonomía de la empresa a medio plazo; en el caso de los fondos de inversión,
estos han de satisfacer a sus inversores, independientemente de los riesgos que
tome la empresa y su deriva a medio plazo, pues su permanencia depende de la
rentabilidad a corto plazo. Pero lo que une a todos estos casos, es que el IBEX
35 funciona como centro de extracción de excedente o beneficios para un
conjunto social determinado que lo controla.
En segundo lugar, tenemos a los consejeros, los miembros del
órgano de gobierno corporativo de estas empresas. Su objetivo es gestionar el
rumbo de dichas empresas, y lograr maximizar sus beneficios. Los nombres de
muchos de los consejeros recuerdan al pasado: Urquijo, Alba, Espinosa de los
Monteros, Botín Sanz de Sautuola, Benjumea, Echavarría, Daurella, Molins,
Domenecq, Del Pino, Calvo-Sotelo, March, Entrecanales, Lladó. Todos ellos
apellidos que han cubierto las páginas de revistas de la alta sociedad a lo
largo de todo el siglo XX. Son sagas de apellidos de familias de la alta
burguesía de inicios de siglo, que perviven en las faldas del IBEX. Muchos de
ellos ya no son accionistas o propietarios de empresas, otros sí. Pero todos
conviven codo con codo en los consejos de administración de las empresas,
muchos de ellos en varios consejos. Con ello, consiguen que el IBEX sea un
bloque social más o menos homogéneo, es decir, funciona como un club social
restringido. Les une el buen apellido y el nivel económico que pueden llevar,
no apto para cualquiera, pues en 2014 la remuneración media de un consejero era
de 318.000 euros. Si estos son consejeros ejecutivos, es decir, si cumplen una
tarea de alta dirección, la remuneración media subía a 1,3 millones. Baja
comparada con la recibida por los presidentes del IBEX, que alcanzaron una
retribución media de 3,36 millones de euros. En consecuencia, en el IBEX
conviven personas con unos ingresos similares, un apellido de larga historia,
unos contactos similares, ya que coinciden unos con otros; y finalmente, un
lugar privilegiado para decidir sobre el futuro de empresas que solo con su
estornudo pueden tumbar la economía. Según esta acepción, el IBEX sirve de
lugar de socialización, de construcción de comunidad de una clase social y
económicamente poderosa.
En tercer lugar, en los consejos de administración del IBEX
35 habitan una especie de consejeros muy particulares que hacen de estas
empresas un grupo singular. Son nombrados genéricamente como «políticos», y
tienen en común el haber sido monjes antes que frailes, es decir, altos cargos
del Estado antes que empresarios; y, en muchos casos, responsables políticos de
áreas relacionadas con la empresa de destino. Estos «políticos» son a su vez
una especie dividida en diversas «subespecies»: los cargos de partido, los
directivos de la administración, los cuerpos del Estado, los cargos locales y
autonómicos, o aquellos vinculados a Gobiernos extranjeros. No es baladí su
diferenciación, pues de ello depende su forma de actuar y el tipo de «know how»
(saber hacer) que proporcionan a la empresa. No es lo mismo un alto cuerpo del
Estado, que ha llegado al Estado por oposición, y cuya fidelidad a la
administración es una mera cuestión de pertenencia al Cuerpo,